Diputados de PLN, PLP y FA acordaron firmar iniciativa para mejorar la protección de las personas ante las estafas bancarias, que crecieron un 43% en el 2022.

Diputados de tres fracciones legislativas dieron su firma a un proyecto de ley con el que se pretende mejorar la protección de las personas en el país ante los delitos de estafas bancarias, al establecer con claridad una responsabilidad de las entidades bancarias ante estas situaciones, facilitar los procesos de denuncia y revertir la carga de la prueba en favor de las personas afectadas.

Óscar Izquierdo y Gilberth Jiménez del Partido Liberación Nacional (PLN), Eliécer Feinzaig y Gilbert Campos del Partido Liberal Progresista (PLP) y Antonio Ortega y Ariel Robles del Frente Amplio (FA) figuraron entre los firmantes del proyecto 23908, «Ley de protección a las personas consumidoras en la custodia de dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica, ya sea pública o privada».

El proyecto fue desarrollado con el apoyo del movimiento ciudadano «Gente estafada en los bancos de Costa Rica», que reunió más de 3.500 firmas de apoyo, y que reúne alrededor de 200 personas que han sido víctimas de estafas en el sistema bancario costarricense.

El proyecto de ley pretende reformar la Ley de Protección al Consumidor, para establecer un régimen de responsabilidad de las entidades financieras públicas y privadas, que deberán responder solidariamente frente a los consumidores cuando sea perjudicado por informaciones inadecuadas o insuficientes, o por la ineficiente custodia de sus fondos y datos personales.

También, pretende establecer que la entidad financiera tendrá responsabilidad solidaria por los daños o pérdidas materiales y económicas que se generen a los usuarios, cuando se vean perjudicados por la sustracción de recursos de las cuentas, aunque provenga de un tercero ilegítimo, siempre que no haya sido autorizado por el titular de la cuenta. En estos casos, deberá indemnizar por estos daños.

Asimismo, define que los representantes de los negocios son responsables por los actos o hechos propios, o por los de sus dependientes o auxiliares.

El proyecto también presenta una reforma a la Ley General de Administración Pública, para que se admitan las pruebas permitidas por el derecho público, aunque no sean admisibles por el derecho común, y  para que en los casos de fraudes electrónicos o similares se invierta la carga de la prueba en favor de las personas afectadas.

El expediente fue presentado por Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN, como una iniciativa necesaria para detener la escalada de los delitos vinculados con las estafas bancarias, que crecieron un 43% en el 2022, al pasar de 5.528 a 7.923.

Artículo Anterior Artículo Siguiente