El Partido Liberación Nacional (PLN) descarta apoyar la nueva iniciativa del Gobierno para vender el Banco de Costa Rica (BCR) y sus empresas subsidiarias, con el fin de obtener recursos para amortizar la deuda pública.

Para concretar la subasta del banco se requiere del apoyo de 38 de los 57 diputados, según el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. El PLN cuenta con 19 legisladores.

Según el jefe de bancada del PLN, Oscar Izquierdo, el plan podría chocar con la Constitución Política porque permitiría que el Ministerio de Hacienda determine, mediante resolución administrativa, la forma en que se venderán las acciones que no se subasten en un plazo de un año.

“Implica darle un cheque en blanco al ministro de Hacienda (Nogui Acosta), lo cual nos preocupa porque el ministro ha generado desconfianza al no decir la verdad en algunos casos”, argumentó Izquierdo.

Según el proyecto de ley, Hacienda deberá vender el 51% de las acciones del BCR en seis meses, el 25% en los siguientes tres meses y el 24% restante en los tres meses subsiguientes. En caso de que no se concrete la venta de todas las acciones, Hacienda determinará la venta en los plazos y cantidades que considere convenientes.

Esta segunda versión otorgaría la rectoría del proceso de venta del banco al Ministerio de Hacienda y otorgaría al jerarca la facultad de contratar a la firma asesora especializada que colaboraría en la subasta con base en recomendación de un comité técnico.

El jefe del PLN explicó que otra de las razones para oponerse a este nuevo texto es la eliminación de las cargas parafiscales a favor de las instituciones.

En particular, el artículo 23 de la iniciativa deroga el aporte del 3% de las utilidades netas del BCR a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el 10% al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) y el 15% al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Aunque el plan propone destinar un 5% de los recursos de la venta del banco para crear un fondo social administrado por Hacienda, que gire recursos a estas tres instituciones bajo la modalidad de presupuesto por resultados con programas específicos, Izquierdo advierte que ese dinero es limitado y podría afectar seriamente a las instituciones, especialmente a la CCSS.

Fuente: La Nación

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